La Comisión Europea recordó ayer que la legislación comunitaria permite expulsar, a partir de un periodo de tres meses, a ciudadanos de otros Estados miembros de la UE desempleados y que no dispongan de recursos para mantenerse. Bélgica ya lo hace y Alemania podría seguir sus pasos a partir de junio si el Gobierno de Angela Merkel asume las recomendaciones de un estudio que aconseja tal medida para frenar supuestos abusos en las ayudas sociales.
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Con el objetivo de limitar la “inmigración de la pobreza”, el Gobierno de coalición alemán ha puesto en marcha un delicado y controvertido proceso con el objetivo de expulsar del país a los inmigrantes comunitarios que no encuentren trabajo en un plazo de tres o seis meses. Está previsto que las medidas, que se concretarán a partir de junio, afecten a los inmigrantes de todos los países de la UE.
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