El Congreso de Argentina ha aprobado la segunda amnistía fiscal en cuatro años. A diferencia de aquella de 2009, que en plena crisis internacional buscó mejorar la recaudación tributaria, esta vez solo se apunta a que ingresen al sistema divisas no declaradas en tiempos en que la moneda extranjera escasea y rigen fuertes controles cambiarios. Aquellos que declaren sus divisas no pagarán ningún impuesto retroactivo, pero deberán canjearlas a cambio de tres títulos públicos, dos destinados a la financiación de infraestructura pública y de la petrolera YPF, cuyo 51% que pertenecía a Repsol fue nacionalizado en 2012, y otro que servirá para comprar inmuebles.
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