“Se han improvisado medidas sin consultar a la gente. Podrían haber actuado como cirujanos, cortando lo superfluo. Pero en algunos casos hemos visto que han hecho de carniceros, cortando a hachazos”. El eurodiputado Alejandro Cercas se refiere así a las políticas que la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la troika, han aplicado en Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, los cuatro países de la eurozona que se vieron obligados a solicitar un rescate completo para sus economías —dos, en el caso de Grecia— para evitar la ruina.
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Una delegación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara viajará la próxima semana a Portugal, Chipre y Grecia dentro de la investigación formal que ha abierto sobre la gestión de la troika en la crisis. «La próxima semana una delegación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) visitará Portugal, Chipre y Grecia para investigar el trabajo de la troika», informó el Parlamento Europeo (PE) en un mensaje de la red social Twitter.
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La pésima gestión de la crisis de Chipre ha puesto de manifiesto los límites de la toma de decisiones europea en momentos críticos. El vicepresidente y comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha dado un serio aviso al reclamar un cambio de guardia en la gestión de los rescates: el final de ese guirigay en el que participan el Eurogrupo (es decir, los 17 ministros de Finanzas del euro) y la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Falta transparencia, falta democracia y sobran ministros e instituciones capaces de imponer un veto a los demás. Las cosas no funcionan: Rehn advirtió de que esa toma de decisiones —con las riendas en manos de las capitales— está lejos de ser perfecta.
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«El proceso de toma de decisiones en las últimas semanas con respecto a Chipre es especialmente preocupante», ha dicho en un comunicado la presidenta de la comisión de Asuntos Económicos, la liberal británica Sharon Bowles. «Se ha generado la impresión pública de que no siempre se trata de forma justa a los Estados miembros de la UE y la falta de transparencia y los mensajes contradictorios han reforzado esta impresión», ha resaltado Bowles.
