El 31 de diciembre de 2011 el Ejecutivo puso el contador de la deuda comercial a cero al abonar 27.000 millones de euros que debían ayuntamientos y comunidades autónomas a los proveedores. Esa medida no se vio acompañada de un régimen sancionador para disuadir a aquellas administraciones o empresas que siguieran retrasando pagos, lo que provocó otra ola de morosidad, que en dos años ha dejado una factura superior a los 10.000 millones de euros, según estimaciones empresariales.
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