Apenas pasaban unos días desde que el 2 de agosto de 2011 el Boletín Oficial del Estado había publicado la reforma de pensiones que retrasó la edad de jubilación de 65 a 67 años, cuando llegó a La Moncloa una carta del Banco Central Europeo. La misiva condicionaba la compra de bonos para rebajar la presión sobre la deuda española a que el Gobierno, entonces del PSOE, aplicara nuevos recortes. Era la respuesta de Fráncfort para frenar la tormenta financiera que se desató y que se llevó por delante la agónica recuperación de la economía española de la Gran Recesión.
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